La Cámara de Diputados de La Pampa sancionó por
unanimidad el nuevo marco legal que regirá sobre los bienes arqueológicos y
paleontológicos provinciales. Esta ley, sumada a la ya sancionada ley de
patrimonio cultural 2083, confieren a la Secretaría de Cultura la
responsabilidad de velar, tanto por la conservación e investigación de estos
bienes, como por el acceso y disfrute de este patrimonio por parte de toda la
comunidad.
“La Secretaria de Cultura celebra la sanción de esta ley
que nos permitirá a todos los pampeanos contar con herramientas para proteger y
gozar de nuestro patrimonio, camino que deberá ser iniciado entre todos y
juntos a municipios y comunidad”, dijo Adriana Maggio, secretaria de Cultura.
Además, recordó que la totalidad de los objetos, yacimientos
y sitios que conforman el Patrimonio Arqueológico y Paleontológico de La Pampa,
revisten carácter de bienes públicos provinciales bajo tutela de Estado
Provincial.
Desde su origen en 2013, la iniciativa de esta ley buscó
complementar en el ámbito provincial las garantías otorgadas por la
Constitución Nacional (dominio provincial de los bienes, Art. 41; derecho de
los pueblos originarios en participar de la gestión del patrimonio cultural de
sus antepasados, art. 75 inc. 17), el Código Civil (dominio público de los
bienes, art. 2.340 inc. 9) y la Ley Nacional 25743/03 “Protección del
Patrimonio Arqueológico y Paleontológico”.
“En otras palabras, el móvil principal de la presente ley
fue adecuarse a la legislación nacional vigente, incorporando con especial
énfasis una normativa que diera respuesta a las particularidades, necesidades y
tensiones existentes en el ámbito de nuestra provincia”, sostuvo la
funcionaria.
Maggio expresó que el proyecto de la nueva normativa
comenzó a tratarse desde hace unos años, entre el área de Cultura del Gobierno
de La Pampa junto a la Asociación Pampeana de Conservación del Patrimonio
Cultural (APCPC), mediante un proceso ampliamente participativo, el cual
incluyó la realización de diferentes talleres y encuentros.
El resultado de los talleres fue un proyecto de ley
consensuado por las partes y al mismo tiempo acorde al marco legal nacional y
demás normativas vigentes, dado que contó con las correcciones y aportes del
Instituto Nacional de Antropología y Pensamiento Latinoamericano (INAPL),
autoridad de aplicación nacional en materia arqueológica.
